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LOS SERVICIOS DE LOS DETECTIVES PRIVADOS: LICITUD Y VALOR DE SUS INVESTIGACIONES

Estudios Doctrinales publicados en el Boletín del Ministerio de Justicia

Autor: IGNACIO SERRANO BUTRAGUEÑO, Doctor en Derecho.  Director del Instituto de Estudios Penales Marqués de Beccaría Publicado en el BOLETÍN NÚMERO 1774  DEL  MINISTERIO DE JUSTICIA Click aquí para Ver Estudio Doctrinal completo : CONCLUSIONES PRACTICAS Los Detectives Privados en activo han de estar habilitados para el ejercicio de sus funciones, figurar inscritos en el Registro correspondiente de la Dirección General de la Policía, anotar de forma adecuada y reservada los trabajos que se les encomienden en el libro-registro reglamentario y llevar consigo el carné de detective profesional para exhibirlo ante los ciudadanos, autoridad o sus agentes que requieran su acreditación durante el ejercicio de sus funciones. Las investigaciones de los Detectives Privados están reguladas en la Ley de Seguridad Privada ( L.S.P.), en su correspondiente Reglamento y en las demás disposiciones que lo desarrollan. Al amparo de dicha Ley, los Detectives podrán obtener y aportar información y pruebas sobre conductas y hechos privados"(art.19.1.a)de la L.S.P. pero en ningún caso sobre delitos perseguibles de oficio, sin perjuicio de poner en conocimiento inmediato de la autoridad competente los que descubrieron en el curso de sus investigaciones. El art. 101.2 del Reglamento de Seguridad Privada (R.S.P.) considera conductas o hechos privados "los que afecten el ámbito económico, laboral, mercantil, financiero, y en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados". No podrán utilizar los detectives en sus investigaciones, en ningún caso, "medios materiales o técnicas que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, o al secreto de las comunicaciones" (art. 19.4 L.S.P.).Debiendo, asimismo, guardar riguroso secreto de las investigaciones que realicen, cuyos datos sólo podrán facilitar a la persona o entidad contratante y a la autoridad competente (art. 102 del R.S.P.) Los métodos de investigación privada consistentes en grabaciones de vídeo, fotografías, grabaciones telefónicas , cintas magnetofónicas, etc,. son válido, no sólo como fuente de información, sino también como medios de prueba, siempre que su utilización y los datos obtenidos no vulneren los derechos fundamentales de los investigados, especialmente su intimidad y el secreto de las comunicaciones. Es importante resaltar el giro dado por la doctrina procesal española, pasando de considerar los medios de prueba como numerus clausus ("ex art. 578 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) a entender que son numerus apertus, de acuerdo con el art. 24 de la Constitución y, en menor medida, al amparo del art. 90 de la Ley de Procedimiento Laboral y 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En cuanto a la violación del secreto de las comunicaciones, la Sentencia del Tribunal Constitucional 114/1984, de 29 de noviembre, declara que no hay secreto cuando lo que se graba es una conversación propia o incluso de un tercero con el consentimiento de éste, siendo por tanto lícita la grabación cuando el contenido de la conversación no vulnere otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la intimidad. Respecto a la intimidad, concepto difícil de precisar, conviene distinguirla de la privacidad. No es equiparable, por tanto, vida privada a la vida íntima, pudiendo representarse ambas, gráficamente , como círculos concéntricos de mucho mayor radio el primero (la privacidad) que el segundo (la intimidad). Así, de acuerdo con el art. 101.2 del R.S.P. sólo quedan vedadas a las investigaciones privadas las actividades que se desarrollen en los domicilios o en lugares reservados, tales como tiendas de campaña, habitaciones de hoteles, "roulottes", despachos profesionales, zonas privadas de oficinas y centros de trabajo abiertos al público , etc. En cualquier caso, para determinar si el contenido de unas imágenes, fotografías o conversaciones, lícitamente obtenidas, vulneran el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, deberán éstos ponerse en relación con el derecho a utilizar todos los medios de prueba pertinentes para la defensa de los derechos e intereses legítimos pues ninguno de ellos constituye un derecho ilimitado. La legitimación de los particulares y de las empresas para encargar informes a los investigadores y detectives privados se encuentra en el art. 24 de la CE, dentro del derecho a la tutela judicial efectiva, y en concreto, a la no indefensión de los derechos e intereses legítimos. También la legitimidad para utilizar los servicios de los Detectives Privados, por parte de las Compañías de Seguros, se ampara en el art. 18 de la Ley de Contrato de Seguro, que obliga a las aseguradoras a satisfacer las indemnizaciones que correspondan a una vez realizadas las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro , y en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo. El calificativo necesarias, relativo a las investigaciones, viene interpretándose en la práctica como investigaciones razonables . Resulta fundamental que el detective elabore o confeccione un informe u dossier escrito en el resultado de sus investigaciones, adjuntando al mismo las fotografías, grabaciones, etc. , y que lo aporte al Juzgado como si se tratara de una prueba documental, en el momento procesal oportuno, según el orden jurisdiccional de que se trate. Las fotografías deberán acompañarse de los negativos correspondientes y las cintas de vídeo o de magnetofón en sus grabaciones originales, evitando las copias, cortes o montajes que siempre restan verosimilitud al contenido de las imágenes o conversaciones. También resulta absolutamente básico que el detective firmante del informe ratifique el contenido del mismo a presencia judicial, y los encargados del trabajo de campo habrán de ser citados, asimismo, como testigos, para que ratifiquen el resultado de sus investigaciones y puedan ser repreguntados por la parte contraria. La valoración de las pruebas aportadas en juicio por los detectives, una vez examinada su licitud y tras ser sometidas a contradicción, corresponde a la libre apreciación del Juzgador en el conjunto del acervo porbatorio , siendo de aplicación a los investigadores lo que prescribe el art. 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para apreciar "la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos". Si bien, a priori, se observan resoluciones que simpatizan con la actividad llevada a cabo por los detectives privados, calificándolos como auténticos expertos y resoluciones que miran su cometido con una cierta animadversión tildándoles poco menos que de testigos o peritos de parte pagados y sin posible tacha o recusación. Las responsabilidades que pueden contraer por su trabajo los detectives privados pueden ser tanto penales, como civiles y administrativas. En cuanto a las responsabilidades penales, conviene tener presente la prevención, entre otros, de los delitos de allanamiento de morada, violación del secreto de las telecomunicaciones y de la correspondencia , amenazas y coacciones y tenencia ilícita de armas. En cuanto a las responsabilidades civiles, las derivadas de la intromisión ilegítima en el honor, la intimidad personal o familiar y la propia imagen que tipifica el art. 7º de la Ley Orgánica 1/1982. Y en cuanto a las responsabilidades administrativas el amplio catálogo de infracciones recogido en el Reglamento de Seguridad Privada. Arts.151 a 153, y también las previstas en la Ley Orgánica 5/1992, del tratamiento automatizado de datos de carácter personal (art. 43 ) Por último la responsabilidad de los particulares y de las empresas contratantes de los servicios de detectives o investigadores privados son prácticamente inexistentes, por los irregularidades de éstos, en los ámbitos penal y administrativo, debido a que en ellos impera el principio de responsabilidad personal a excepción de la infracción o falta leve consistente en la contratación, a sabiendas de un detective privado que no esté habilitado reglamentariamente para el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, puede derivarse hacia los contratantes de los servicios de investigación privada, con cierta facilidad, la responsabilidad civil subsidiaria nacida del delito o delitos que cometiera el detective en las investigaciones encargadas. Razón por la que conviene contratar con detectives muy solventes o con la responsabilidad civil cubierta por una aseguradora, así como delimitar muy bien el objeto de las investigaciones. ANEXO I Fuentes Consultadas A)  Legislación Ley de Enjuiciamiento civil, promulgada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881 ("Gaceta del 5 al 22 de febrero de 1881), con las modificaciones habidas hasta la fecha. Ley de Enjuiciamiento Criminal, promulgada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 (Gaceta del 17 de septiembre al 22 de octubre de 1882), con las modificaciones habidas hasta la fecha. Código Civil, promulgado por Real Decreto de 24 de julio de 1889 (Gaceta del 25 al 27 de julio de 1889), con la modificaciones habidas hasta la fecha. Declaración Universal de Derechos Humanos. París 10 de diciembre de 1948. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales. Roma 4 de noviembre de 1950 (firmado por España el 24 de noviembre de 1977). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nueva York 16 de diciembre de 1966 (firmado por España el 28 de septiembre de 1976. Ratificado el 27 de abril de 1977. "Boletín Oficial del Estado del 30. Código Penal, Texto Refundido aprobado por Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre ("Boletín Oficial del Estado" del 12 al 15 de diciembre de 1973), modificando en lo relativo a las "escuchas" por la Ley orgánica 18/1994, de 23 de diciembre ("Boletín Oficial del Estado de 24) Constitución Española de 1978 ("Boletín Oficial del Estado" de 29 de diciembre de 1978) Ley 62/1978, de 26 de diciembre de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona ("Boletín Oficial del Estado ") de 3 de enero de 1979). Ley 50/1980, de 8 de octubre del Contrato de Seguro (BOE de 17 de octubre de 1980). Ley Orgánica 1/1982, de 5 marzo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen ("Boletín Oficial del Estado" de 14 de mayo de 1982), modificada por la Ley orgánica 3/1985, de 29 de mayo ("Boletín Oficial del Estado del 30). Ley Organica 6/1985, del Poder Judicial ("Boletín Oficial del Estado " de 2 de julio de 1985), reformada, entre otras, por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre ( " Boletín Oficial del Estado" del 9.) Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril ("Boletín Oficial del Estado" de 2 de mayo de 1990) Ley 23/1992, de 30 de julio de Seguridad Privada ("Boletín Oficial del Estado" de 4 de agosto de 1992). Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre ("Boletín Oficial del Estado" de 10 de enero de 1995). Y Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 7 de julio de 1995, por lo que se da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada, sobre personal ("Boletín Oficial del Estado" de 17 de julio de 1995). Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre de regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal ("Boletín Oficial del Estado del 31), Reglamento que la desarrolla parcialmente, aprobado por el Real Decreto 332/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado" del 21). Instrucción 1/1995, de 1 de marzo de la Agencia de Protección de datos , relativa a la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y de crédito (Boletín Oficial del Estado" de 4 de marzo de 1995). E Instrucción 2/1995, de 4 de mayo de la Agencia de Protección de Datos , sobre medidas que garantizan la intimidad de los datos personales recabados como consecuencia de la contratación de un seguro de vida de forma conjunta con la concesión de un préstamo hipotecario o personal ("Boletín Oficial del Estado" de 9 de mayo de 1995. B)  Jurisprudencia Las Sentencias citadas del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, están tomadas de los repertorios de jurisprudencia de la Editorial Aranzadi, por ser los más difundidos. C)  Doctrina Fariñas Matoni, Luis María " El Derecho a la intimidad". Madrid de Trivium, 1983 (agotado) Morales Prats, Fermin, "La Tutela penal de la intimidad". Barcelona, editorial Destino 1984. Salvador Coderch Pablo y otros "¿Que es difamar? Libelo contra la Ley del Libelo". Madrid Ed.Civitas 1987. Salvador Coderch, Pablo y otros. "El mercado de las ideas". Madrid Centro de Estudios Constitucionales, 1990. Del Moral García Antonio. "Delitos de injuria y calumnia: Régimen procesal;Madrid de Colex 1990. "Informe de la Comisión Calcutt sobre la intimidad y problemas afines". Cuadernos del Consejo General del Poder Judicial año 1991 O'Callagham Muñoz Xavier. "Libertad de expresión y sus límites: honor, intimidad e imagen. Madrid, Edersa 1991. López- Fragoso Alvarez Tomás . "Las intervenciones telefónicas en el proceso penal . Madrid. edt.Colex 1991. Herrero- Tejerdor, Fernando. "Honor, intimidad y propia imagen " Madrid edt. Colex ( 2ª edición ), 1994 Pérez Hernández Elia "La constitucionalidad de las pruebas aportadas por los detectives privados , en Poder Judicial , nº35 , septiembre 1994, pag. 225-260 •  Pérez Hernández, Elia .La constitucionalidad.. Pág. 227 •  Ver los artículos 53 y 54 del Reglamento de Seguridad Privada, los apartados quinto y séptimo de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior, de 7 de Julio de 1995, y la disposición transitoria quinta de esta misma Orden que concede el plazo de un año, desde su entrada en vigor a los detectives privados que lleven en activo más de dos años para que acrediten la superación de las pruebas correspondientes. •  Recuérdese que, según el artículo 19 de la Ley de Seguridad Privada, las investigaciones privadas en el ámbito penal están permitidas en delitos sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los legitimados en el proceso penal , a saber : Calumnia e injurias contra particulares, violación, agresiones sexuales, estupro y rapto, abandono de familia, apropiación indebida o daños sobre bienes muebles comprados a plazos, y delito de daños imprudentes. •  Esta doctrina fue otra mayoritaria, con base en el articulo 1215 del Código Civil y sobre todo, en atención al artículo 578 de la Ley de Enjuiciamiento Civil :" Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio son : 1º Confesión en juicio. 2º Documentos públicos y solemnes. 3º Documentos privados y correspondencia. 4º Los libros de los comerciantes que se lleven con las formalidades prevenidas en la sección segunda, titulo II, Libro I del Código de Comercio. 5ºDictamen de peritos. 6ºReconocimiento judicial. 7º Testigos" •  Trabajo citado, pág. 259, apoyando su argumentación en la STS, Sala Primera, de 5 de julio de 1984, y en la STS, Sala Segunda, de 6 de mayo de 1993. •  El articulo 230.4 de la LOPJ establece a este respecto que "Las personal que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses podrán relacionarse con la Administración de Justicia a través de los medios técnicos a que se refiere el apartado 1 (sic "electrónicos, informáticos y telemáticos")cuando sean compatibles con los que dispongan los Juzgados y Tribunales y se respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento de que se trate" •  Ver Montero Aroca, Juan y otros .Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, vol I Madrid.1993. Pag622 •  Trabajo citado , pag. 232 •  Pérez Hernández, Elia, trabajo citado pag, 234 •  Trabajo citado, pág. 234 •  Cf. al respecto, entre otros, Morales Prats, Fermín, . La tutela penal de la intimidad privacy e información para quien la dimensión de la "privacy" abarca tres grandes zonas: 1) La privacy política que comprende libertades como las de reunión, asociación , religión, etc. 2) La privacy de la esfera íntima (o intimidad en sentido estricto), comprensiva de libertades como la inviolabilidad del domicilio , la libertad sexual , el secreto de las comunicaciones etc. y 3) la privacy personal que englobaría la libertad deambulatoria , el derecho de defensa , etc. pág.30 •  También resulta de gran interés para los casos de víctimas o siniestros fraudulentos el artículo 7 de la Ley de Contrato de Seguro: "El asegurado o el tomador de seguro deberán emplear los medios a su alcance para aminorarlas consecuencias del siniestro. El incumplimiento de este deber dará derecho al asegurador a reducir su prestación en la proporción oportuna, teniendo en cuenta la importancia de los daños derivados del mismo y el grado de culpa del asegurado . Si este incumplimiento se produjera con la manifiesta intención de perjudicar o engañar al asegurador, éste quedará liberado de toda prestación derivada de siniestro." •  Sentencia tomadas del libro de Fariñas Matoni , pags 120-121 •  Rico Pérez Francisco. La conducta de las personas en Derecho Civil . Colegio Universitario Domingo de Soto. Segovia , 1973/1974, págs.130-131. Tomado del Libro de Fariñas Matoni y no del original. •  Ver Pérez Hernández , Elia , trabajo citado pág., 239-245 •  Para sostener esta tesis, que sólo comparto a medias, cita Elia Pérez Hernández (pags. 235-237) las siguientes sentencias:

  • Sentencia de la Audiencia Territorial de Zaragoza, de 3 de mayo de 1983: "La llamada prueba documental a: "Un documento librado, al parecer, por una agencia de detectives privados, que no han sido traídos al juicio y sometidos al turno de preguntas de la parte que no los contrató."
  • Sentencia de la Audiencia Territorial de Zaragoza, de 3 de Mayo de 1983: "La llamada prueba documental consiste en informes de agencias privadas de investigación, es nula y carente de todo valor probatorio, pues esta Sala viene reiteradamente declarando que la prueba documental implica una realidad objetiva que se acredita por su propio contenido, por lo que no puede recaer sobre informes o juicios de quien la escribe , pues semejantes actuaciones implican en realidad prueba testifical aportada a autos con manifiesta infracción de los principios reguladores de la prueba, singularmente el de inmediación del juzgador y el de contradicción , por medio de repreguntas , por lo que tampoco reviste valor probatorio alguno".

•  En sentido análogo a las anteriores, la sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 10 de junio de 1986. •  Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 28 de octubre de 1992, cuyo fundamento de derecho segundo afirma que el testimonio de un detective privado que no aporta informes no es suficiente prueba (publicada en la Revista General de Derecho número 583, de abril de 1992, pags 3780-3782). •  Veamos , a continuación, un par de ejemplos.

  • La STSJ de Valencia , de 1 de junio de 1994 (Ar. Social 2624), en su fundamento jurídico segundo hace constar que: El informe emitido por la Directora de la Agencia de Detectives. fue ratificado en juicio por dicha Directora y, además, lo hicieron igualmente los otros tres detectives - dos mujeres y un hombre - que participaron en el trabajo de seguimiento del actor. No existe, por tanto, el efecto denunciado, sino que la prueba se practicó con todas las formalidades legales y los testigos hicieron su concreta y personal razón de ciencia".
  • Y la STSJ de Cataluña, de 15 de febrero de 1994 ( Ar. Social 574), señala: En esta línea, ha dicho , por ejemplo el Tribunal Supremo, en Sentencia para Unificación de Doctrina, de 24 de febrero de 1992 (Ar. 1055), que " la totalidad de las sentencias invocadas como término de comparación sienta la doctrina uniforme de negar valor documental a efectos de revisión de hechos, en un recurso de casación a los informes de los Detectives Privados aportados al proceso, exponiendo que se trata de una prueba testifical impropia, que adquiere todo su valor procesal como tal prueba testifical cuando el informe ha sido ratificado en juicio por su firmante".

•  En los ordenes jurisdiccionales penal (por procedimiento abreviado), y social el informe y su ratificación de Doctrina de 24 de febrero de 1992 (ar. 1055), que " la totalidad de las sentencias invocadas como término de comparación sienta la doctrina uniforme de negar valor documental a efectos de revisión de hechos, en un recurso de casación a los informes de los Detectives Privados, aportados al proceso, exponiendo que se trata de una prueba testifical impropia , que adquiere todo su valor procesal como tal prueba testifical cuando el informe ha sido ratificado en juicio por su firmante." •  En los ordenes jurisdiccionales penal (por procedimiento abreviado) y social el informe y su ratificación podrá proponerse en el mismo momento del juicio ora, bien al comienzo de la sesión ( en el procedimiento abreviado, art. 793 LECrim), bien en el momento de proposición de prueba en los procedimientos laborales (art.85 y ss LPL) •  Pérez Hernández Elia, trabajo citado pág. 244 En cuanto a la tacha de los testigos, véase el articulo 660 de la LEC especialmente sus números 2º y3º, cuya interpretación restrictiva no permite la tacha de los detectives. Ello al margen de la propia rectitud y objetividad con que han de desempeñar su trabajo.  

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